PRESIDENTE DE LA CORTE DE UCAYALI FREDDY ARICOCHÉ
La presunta inconducta funcional y hasta delictiva del juez Laboral JESUS MANUEL ROSSEL CASTAÑEDA, encargado del los Juzgados de Emergencia Civil y Familia de Coronel Portillo, por las vacaciones judiciales, en el escandaloso caso Masisea que permitió el retiro de 200 mil soles del Banco de la Nación, ha puesto en aprietos al presidente de la Corte Superior de Ucayali Freddy Elmer Aricoché Guerra, quien en vez de ordenar una inmediata y exhaustiva investigación se ha limitado a sacar cuerpo, mediante un publicitado comunicado en el que da cuenta que el citado magistrado fue seleccionado por una comisión que la presidió un vocal superior titular en la que él no participó y que su designación en el cargo ha sido aprobada por la Sala Plena, es decir por todos los vocales superiores.
Como se sabe, el juez Rossel Castañeda tramitó una demanda de Acción de Amparo (Expediente 0075-2010) presentada por la actual alcaldesa de Masisea Mirtha Alicia Vásquez Zumba, contra Hugo Poma Hidalgo, administrador del Banco de la Nación sucursal Pucallpa, el 05 de febrero, pero increíblemente la Resolución Nº UNO que admite a trámite la demanda tiene fecha 02 de febrero, es decir tres días antes de que se presente la demanda. ¿Error de la secretaria que el juez no observó?
La fecha oficial que aparece en el sistema el trámite de la demanda es el miércoles 10 de febrero, entonces como se explica que dos días después, 12 de febrero, el juez Rosssel envíe al Banco de la Nación el oficio Nº 156- 2010 en el que ordena al administrador del Banco que proceda a efectuar el registro de cambio de firmas de funcionarios municipales, que permitió el retiro de 2000 mil soles, sino se planteó ninguna medida cautelar.
La demanda que no tiene un petitorio concreto es contra el ciudadano Hugo Poma Hidalgo, es decir, una persona natural, ósea el Banco nunca fue demando, pero el juez accionó contra la entidad bancaria incurriendo en delito de Prevaricato, Abuso de Autoridad, y hasta Colusión.
Después de la denuncia pública del sintonizado programa radial “La Voz del Pueblo” de la Radio Exitosa (96.1FM) en la que se da cuenta la sospechosa actuación del juez Rossel, éste y la secretaria Wendy Flores, han “corregido” dizque los “errores” insalvables en el proceso, según el reporte judicial de fecha 22 de febrero.
Como es de advertirse del proceso iniciado por la alcaldesa del distrito de Masisea en ningún extremo de su escrito ha tenido como petición que se ordene al Banco de la Nación sucursal Pucallpa, para que efectué el registro de cambio de firmas de funcionarios municipales, sin embargo, el “tremendo juez” se atribuyó este hecho como si fuera el mismo el interesado que ha traído consigo que en forma abusiva se ordene al Banco de la Nación sin ser demandado cumpla un mandato que por cierto se esperaba que este contenida en alguna orden del juzgado, de lo que se colige que no existió ni existe, en la actualidad.
El delito de prevaricato se concreta al citar el juez Rossel como existente una orden judicial, la cual no existe, siendo lo grave del caso que ha dictado una resolución contrariando al texto expreso de la ley, esto referido al artículo 15 del Código Procesal Constitucional, el cual exige entre otros requisitos, la apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. Pedido cautelar que no existe, en tanto en el reporte del registro de ingreso de expediente que se aprecia en la página web-Poder Judicial, el ingreso de la demanda de Acción de Amparo y no de la Medida Cautelar, y no existe una orden judicial contenida en una resolución concediéndose la orden judicial que se registre el cambio de firma de los funcionarios municipales, describiéndose por lo mismo el tipo penal de prevaricato, en perjuicio del propio Poder Judicial y los demás afectados.
